Prisiones militares en Venezuela: centros de torturas para civiles

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Testimonios de familiares y de quienes estuvieron detenidos en cárceles militares en diversas ciudades del país permitieron la elaboración de un detallado informe elaborado por la ONG Una Ventana a la Libertad sobre las condiciones en estos centros de reclusión, ahora utilizados para civiles que se oponen el gobierno. Lo común en todos ellos son las fallas en los servicios básicos, la inexistente atención médica, así como severas agresiones físicas y psicológicas a los privados de libertad

Por Una Ventana a la Libertad                                                                                                                                             @ventanalibertad

La ONG Una Ventana a la Libertad presentó el informe titulado Situación de los Derechos Humanos en los Centros de Reclusión de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, producto del resultado de una investigación realizada en el último trimestre de 2017 sobre las condiciones de encarcelamiento en estos recintos. El documento fue presentado por el periodista Javier Ignacio Mayorca, encargado de la investigación, y por el coordinador de UVL, Carlos Nieto Palma.

Para la elaboración de esta investigación fueron revisadas numerosas fuentes documentales, principalmente informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de la Defensa y decisiones de los tribunales del país que hacen referencia a algún centro para procesados militares. Pero el mayor cúmulo de información fue aportado por fuentes vivas. En ese sentido se llevaron a cabo entrevistas con militares activos y también retirados, cuyos nombres generalmente quedarán bajo reserva para evitar posibles represalias. Estas personas forman parte o ejercieron distintos roles en el sistema de justicia militar.

También se llevaron a cabo entrevistas con personas que estuvieron detenidas recientemente en prisiones militares y en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Igualmente, se habló con familiares y abogados de personas que están tras las rejas en alguna de esas instalaciones. En todos los casos fue necesaria la generación de lazos de confianza que posibilitaran el conocimiento de ciertos detalles sobre la vida en reclusión.

El informe hace alusión a humillaciones, castigos y torturas físicas y psicológicas en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y a la cotidianidad de los privados de libertad en otras estructuras bajo el cuidado de funcionarios del Ejército y de la Guardia Nacional, que a menudo forman parte integral de unidades de la Fuerza Armada Nacional, cuyas  instalaciones han sido habilitadas para recibir a detenidos por delitos comunes y por manifestar contra el gobierno tales como la 35ª Brigada de Policía Militar José de San Martín; Unidades de la Guardia Nacional Bolivariana; los tres centros para procesados militares: Ramo Verde y los anexos en oriente: La Pica, en el estado Monagas, y en occidente Santa Ana, estado Táchira.

De la investigación realizada se desprende que en las cárceles militares, como en las civiles, son crónicas las fallas en los servicios de agua potable y la alimentación es deficiente. Eso ocasiona una carga adicional sobre los familiares de los detenidos, quienes se ven obligados a cubrir esas deficiencias.  En los tres centros para procesados militares la atención médica es inexistente.

Entre las conclusiones del informe destacan denuncias, tanto directas como referenciales, sobre la aplicación de castigos indiscriminados y torturas en los calabozos de la DGCIM de Boleíta. Desde los golpes concentrados en determinadas partes del cuerpo, la colocación de sacos en la cabeza impregnados con polvillo de bomba lacrimógena hasta la inserción de tachuelas en la parte inferior de las uñas de las manos. Los métodos se multiplican con la finalidad de obtener información por medios distintos de la investigación policial. Las víctimas no cuentan con una estructura de verificación independiente de los daños físicos y psicológicos sufridos luego de ser sometidos a estas torturas, tal como lo establece el Protocolo de Estambul.

Igualmente, mediante la aplicación del entramado militar, el gobierno fue capaz de aplastar la ola de protestas que se desarrolló entre los meses de abril y julio de 2017. Pero ha quedado en la mente de los operadores policiales y militares la noción de que, en determinadas circunstancias, es posible e incluso mandatoria, según los estándares del régimen venezolano la violación de los derechos constitucionales si eso garantiza la continuidad del gobierno. Esta lección fue aprendida convenientemente por los cuerpos policiales, y en especial por la Guardia Nacional Bolivariana sobre cuyos hombros recayó la responsabilidad del mantenimiento del llamado “orden interno” durante aquellos días.

En esta investigación se pudo conocer que en la actualidad ese mismo componente de la Fuerza Armada evalúa una reformulación de sus tácticas a la luz de la creciente conflictividad social ocasionada por el declive económico del país. Si en los meses de abril a julio la represión fue justificada contra manifestantes políticamente motivados, la pregunta en la actualidad es si la respuesta militar será la misma cuando las protestas sean motivadas por necesidades sociales insatisfechas.

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