Comisión de la Verdad inauguró el tribunal de inquisición en Venezuela

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Ya hay un dirigente político en la mira de esta instancia de la Asamblea Nacional Constituyente que, según analistas, busca someter a un enjuiciamiento público a los detractores del gobierno por medio de la “Ley contra el Odio”

RAFAEL LEÓN                                                                                                                                              @Rleon_9

Alfredo Díaz, candidato a la gobernación de Nueva Esparta por la Mesa de la Unidad Democrática, es el primer opositor en la mira del paredón de la Comisión de la Verdad. Presuntamente por “promover la violencia” en esa entidad la Asamblea Nacional Constituyente inició un juicio contra el dirigente de Acción Democrática por “terrorismo”, dijo el vicepresidente de la República, Tareck el Aissami.

Alfredo Díaz

El mecanismo con el que culparon y sentenciaron –sin pruebas– a casi 14 años de cárcel a Leopoldo López en 2015 vuelve a la palestra pública en Venezuela de la mano de dos constituyentes y 13 personas más escogidas por el organismo plenipotenciario, quienes evaluarán durante 9 meses a los ciudadanos que incurran o incurrieron en “delitos de odio”, sí, así mismo al estilo de la novela 1984 de George Orwell.

La Ley Constitucional para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica ha sido uno de los primeros debates en el salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, donde sesiona la ANC. La norma de 3 capítulos y 13 artículos fue aprobada en primera discusión, está llena de ambigüedades e imprecisiones. En ese entonces anunciaron que un grupo de 17 constituyentistas recorrerían las 6 regiones del país para debatir la Ley contra el Odio.

Aunque el proyecto no precisa qué es un mensaje de odio ni cuáles son los delitos de esa naturaleza, los constituyentes a través de sus alocuciones dejan claro quiénes y cuáles son los objetivos de esa legislación. Inhabilitar, encarcelar y enjuiciar a la oposición y disidentes del chavismo. “El odio es un instrumento político de la derecha venezolana”, dijo Delcy Rodríguez, presidente del poder plenipotenciario cuestionado a nivel mundial.

“Una de las cosas que más preocupa es que precisamente quienes practican un discurso de odio se conviertan en jueces y que sean los difamadores quienes terminen queriendo convertirse en jueces de esto, es otro de los asuntos más preocupantes. Que ese poder constituyente sea el que quiera convertirse en un juez del discurso público en Venezuela, es extremadamente grave”, advirtió Andrés Cañizalez, analista del lenguaje.

El también investigador de la Universidad Católica Andrés Bello indicó que es riesgoso que se interprete el discurso para hacer señalamientos y que es casi imposible determinar si una alocución está llena de odio o no.

“Esta ley que es otro proyecto para seguir cercenando la libertad de expresión y la democracia. Uno de los aspectos más preocupantes es la discrecionalidad, quién decide qué es un mensaje de odio”, señaló Rocio Guijarro, gerente general de Cedice Libertad. Calificó la propuesta legislativa como un nuevo ataque al Estado de Derecho en el país.

“Estamos a las puertas de la posibilidad de que haya un tribunal de inquisición o de que se haga un show político en el que se intente llevar a voceros, líderes políticos, opinadores, al frente del paredón del enjuiciamiento público”, advirtió Cañizalez.

 

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