Tarazona: “Conatel bloquea canales Caracol y RCN pero deja abierta emisoras del ELN”

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La Fundación Redes, con presencia en la frontera colombo-venezolana, denunció que las tres estaciones de radio dirigidas por la guerrilla colombiana se mantienen al aire pese a han sido denunciadas, mientras que el gobierno ordenó sacar programación de la televisión por cable la señal de dos canales de televisión colombianos

Por Ingrid Orjuela                                                                                                                                    @Ingridpilar

El director de la Fundación Redes y presidente del Colegio de Profesores de Venezuela en el estado Táchira, Javier Tarazona, afirmó que “el régimen busca aislar más a los venezolanos del mundo, quitándonos acceso a canales de TV colombiana, pero además muestra una evidente complacencia con las emisoras que administran grupos guerrilleros colombianos, cuyas señales penetran el espacio radioeléctrico venezolano para adoctrinar a la población venezolana en la frontera”

El pronunciamiento lo hizo tras la salida de la parrilla de cableras por suscripción en Venezuela de los canales colombianos Caracol y RCN por orden de Conatel. “El bloqueo de esos canales para los venezolanos busca tapar la crítica que hacen diariamente al régimen de Nicolás Maduro y la transmisión que hicieron de las declaraciones de Luisa Ortega Díaz”.

Tarazona rechazó lo que considera perversidad con la que actúa el gobierno venezolano al bloquear canales que trasmiten lo que ocurre como tragedia de violación de derechos humanos y que por la censura existente como política de Estado ningún canal nacional puede hacerlo denunciarlo con libertad de expresión, sin embargo “permitir la penetración en el espectro radioeléctrico de los estados fronterizos Táchira, Barinas y Apure de las emisoras Antorcha Estéreo 96.7 FM, Antorcha 90.1FM y La Voz de la Libertad 95.5 FM, de la guerrilla colombiana.”

Tarazona (@javiertarazona) ha denunciado recurrentemente, incluso en instancia del Estado, la existencia de estas emisoras como parte del trabajo de la Fundación Redes –dedicada a promover la organización y consolidación del tejido social–, pero hasta ahora no ha habido respuesta oficial al respecto.

En una entrevista publicada en el portal Crisis en Venezuela Tarazona explica con detalle el problema social que implica estas señales radiales en el espectro radioeléctrico venezolano y la gravedad de que la guerrilla colombiana haya penetrado en escuelas de poblaciones fronterizas para reclutar a niños y jóvenes venezolanos.

A continuación un extracto del texto:

“El gobierno de Maduro es cómplice del reclutamiento de niños venezolanos por la guerrilla colombiana”

Desde 2012, la Fundación Redes –dedicada a promover la organización y consolidación del tejido social– ha denunciado la violación constante de los derechos humanos hacia la población infantil y adolescente venezolana por parte de grupos guerrilleros colombianos en poblaciones fronterizas de Táchira, Apure y Zulia.

Su director, Javier Tarazona, persiste en las denuncias de estas situaciones, apoyado en la Red de Educadores en Defensa de los Derechos Humanos, pese a que han sido reiteradamente desoídas por los organismos gubernamentales.

—¿En qué consiste la violación a los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes en la frontera que denuncia la Fundación Redes?

—Nosotros evaluamos los acontecimientos en la zona limítrofe de todo el país y hemos evidenciado y hecho público que los grupos irregulares colombianos, específicamente las Farc y el ELN, atentan contra la vida de los niños y jóvenes venezolanos. Históricamente desde su existencia estas organizaciones han tenido intención de incursionar en Venezuela y en los últimos 18 años han encontrado en los gobiernos de Chávez y Maduro el salvoconductos para permear en la frontera, ingresar en nuestro territorio y no solo esconderse de las autoridades colombianas, sino ejercer sus actividades de narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y reclutamiento.

—¿De qué manera se da ese reclutamiento?

Es cada día mucho más agresivo. En el caso de Táchira hemos denunciado el reparto de una revista llamada Antorcha Elena dirigida a niños de preescolar para que ellos coloreen; allí comienza un apalancamiento cognitivo porque los alumnos empiezan desde pequeños a ver al grupo guerrillero como un amigo que los ayuda con los libros, les enseña, y que además tiene fuerza. La guerrilla lleva esa publicación a las escuelas y los docentes están obligados a repartirla entre los alumnos porque si no lo hacen son asesinados. El Estado venezolano es cómplice de esto porque permite que siga ocurriendo pese a las denuncias. Al hacer análisis de contenido de la revista y de los volantes que la guerrilla entrega se evidencia la repetición del discurso que uno ve en VTV, hablan de socialismo, de la toma del poder por las armas, del poder comunal, del poder vecinal, y está presente el mensaje contra la derecha y la llamada oligarquía.

—¿Los guerrilleros llegan a las escuelas tratando de captar a niños y jóvenes?

Sí, permanentemente. A principios de año denunciamos la entrega de tres mil “Caijtas Felices” por parte de la guerrilla a niños de varios poblados venezolanos en la frontera, tenían regalos, en su mayoría juguetes modernos, con tarjetas que identificaban al grupo guerrillero, que se referían al Frente Guerrero Urbano Nacional y a su comandante en jefe Camilo Torres. Eso termina siendo una carnada para atrapar la atención de los niños, les dan un regalo a pequeños cuyos padres no tienen posibilidad ni siquiera de darles buena comida. Eso genera un sentimiento de agradecimiento e identidad con la guerrilla.

—¿Ese mensaje ha logrado calar en la juventud fronteriza?

Estas agrupaciones requieren militantes y el poder de captación de estas agrupaciones tiene mucho que ver con la deserción escolar en los municipios fronterizos, que supera 80% en las escuelas. En efecto, niños y jóvenes se han incorporado a esos grupos porque reciben una paga que ni siquiera un profesional de cuarto nivel devenga en Venezuela. Un niño podría llegar a ganar 50.000 pesos diarios, que al cambio actual serían aproximadamente 110.000 bolívares diarios. Evidentemente ellos ven en la guerrilla una manera de tener acceso a los ingresos y bienes que ordinariamente no tienen. Por esta razón las escuelas y liceos de la frontera están prácticamente en una situación de soledad.

—¿Cuál es el mayor riesgo que corre la población infantil y adolescente ante la presencia de estos grupos irregulares?

Corre peligro su libertad, sus vidas cuando se les secuestra para hacerlos parte de agrupaciones guerrilleras. Tenemos casos puntuales como el de María José Molina, plagiada por las Farc en junio de 2008, inicialmente pidieron dinero por su liberación, pero luego la célula del municipio Fernández Feo (El Piñal, estado Táchira) la asumió como una militante y ahora ella forma parte de una compañía de las Farc en la frontera. Ese es uno de los pocos casos en que la familia sin temor alguno ha denunciado e incluso tiene en su poder fotos de la muchacha vestida con ropa camuflajeada del grupo guerrillero.

—¿Ante qué instancias han denunciado estas situaciones?

Desde el año 2012 comenzamos la denuncia pública y la documentación que hemos extendido a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo, solicitando a esas instancias nacionales e internacionales dos cosas: que frenen la acción de esos grupos irregulares en territorio venezolano, que cada día se hacen más fuerte, pues compran propiedades, ejercen mayor control en las poblaciones rurales y cada vez suman más miembros. También pedimos a Conatel el bloqueo de las emisoras 96,7 FM, 95.5 FM y 90.1 FM, pertenecientes al ELN, que violan el espectro radioeléctrico venezolano en Apure, Táchira y Zulia y transmiten mensajes contrarios a la legislación venezolana y promocionan la defensa del régimen de Nicolás Maduro.

 Un defensor amenazado

Javier Tarazona, director de la Fundación Redes, es también presidente del Colegio de Profesores del estado Táchira y activista en defensa de los derechos humanos. En 2014 vivió de cerca el acoso de los grupos irregulares que él denuncia.

“Fui amenazado de muerte por la guerrilla colombiana, solicité una medida de protección al Ministerio Público y se me otorgó en ese momento una custodia, pero meses después el gobernador de Táchira mandó a quitar esa protección debido al cuestionamiento que como dirigente del gremio docente y defensor de los derechos humanos he hecho a su gestión”.

Para leer la entrevista completa visite CrisisEnVenezuela

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