Foro Penal espera transición en Venezuela para que se haga justicia

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Desde 2002 la población venezolana cuenta con un aliado en la defensa de sus derechos. La sistemática represión a ciudadanos y dirigentes opositores en el país motivó a un grupo de abogados a integrarse en el Foro Penal Venezolano para ofrecer asistencia gratuita a las víctimas del Estado y a sus familiares. Alfredo Romero, director ejecutivo de esta organización no gubernamental, no oculta su orgullo por el crecimiento de la institución que ya cuenta con más de 200 abogados en todo el país y 3.700 activistas no abogados. En el portal Crisis en Venezuela, Romero afirma que más que esperar por la justicia internacional prefiere que sea una transición la que dé paso a un sistema de justicia eficiente que condene a los funcionarios gubernamentales responsables de las violaciones a los derechos humanos en el país

Por Ingrid Orjuela                                                                                                                                 @ingridpilar

—En el informe sobre los primeros tres meses de manifestaciones que el Foro Penal presentó recientemente destaca lo que califican como un nuevo patrón de represión evidenciado en el traslado de detenidos ante la justicia militar. ¿Por qué la justicia civil dejó de serle suficiente al gobierno?

—Porque la Fiscalía ordinaria no está cumpliendo las órdenes del gobierno de procesar, enjuiciar y encarcelar a los manifestantes que no han cometido delitos, y la Fiscalía Militar sí lo está haciendo, esa es la base esencial.

—¿Hay precedentes en el país de llevar civiles ante la justicia militar?

—No de la manera generalizada que lo están haciendo. Llevar ante la justicia militar a manifestantes o a personas detenidas en allanamientos nunca había ocurrido; es decir, se daba cuando civiles incurrían en algún delito relacionado con el ámbito militar, pero siempre con conocimiento de la justicia civil que declinaba su competencia en la justicia militar en esos casos. Pero lo que está ocurriendo ahora es algo novedoso por la manera generalizada en que la justicia militar se está utilizando.

—¿Qué mensaje le envía el gobierno a la sociedad civil con este tipo de acciones?

—Son violaciones a los derechos humanos y a los conceptos esenciales que establece la Constitución; lo más importante es que cada una de esas personas que está representando al Estado en estos procesos, como lo son jueces y fiscales, pasarán a la historia como violadores de los derechos humanos al socavar el debido proceso y el derecho a la defensa de los enjuiciados.

—En qué otros países han recurrido a la justicia militar de manera indiscriminada?

—Por ejemplo durante la dictadura chilena se juzgaron opositores ante la justicia militar; en la dictadura argentina también, y Fujimori igualmente lo hizo. En los lugares donde ha ocurrido es porque existen regímenes militares y con el tiempo los presidentes de esos países han ido presos después de cometer esas violaciones a los derechos humanos.

—¿Cree que hay una órdenes expresas de torturar o que son conductas espontáneas de militares o policías?

—Por lo que hemos visto es un patrón sistemático a los efectos de que estas personas sean sancionadas por manifestar. No solo las torturas que ocurren en las prisiones, sino los tratos crueles e inhumanos cometidos para intimidar a la población y evitar que las personas vuelvan a manifestar. Los tratos crueles y la tortura son utilizados de manera intencional. Eso, además de la detención de la persona o la dispersión de grupos de manifestantes con lacrimógenas y perdigones.

—¿Por qué siguen ocurriendo estas violaciones pese a que quedan evidencias registradas y a que reciben la condena internacional?

—Por el costo-beneficio político de la represión. El costo son esas evidencias que quedan y esa condena internacional que mencionas, pero el beneficio es intimidar a la población para evitar que siga en las calles.

—¿Confía en los procedimientos sancionatorios iniciados contra uniformados señalados por excesos y delitos durante las protestas?

—Ciertamente cuando el gobierno se hace responsable por la represión busca no perseguir a estas personas; sin embargo, la Fiscalía –que viene actuando de manera institucional, cosa que es nueva porque en el pasado no lo hizo– sí ha investigando cada uno de estos casos, pero existe una especie de justicia paralela, por un lado está el Ministerio Público indagando en estas violaciones a los derechos humanos y por el otro un gobierno que controla el TSJ y que intimida a jueces que terminan por no ejecutar lo que la Fiscalía ordena. Mientras exista un sistema de justicia paralelo es difícil que estos procedimientos prosperen, aunque por lo menos ahora hay un sistema de paralelo, pues antes había uno solo que estaba concentrado en defender a los violadores de derechos humanos.

—¿Qué demuestra el gobierno cuando no tiene interés en castigar las violaciones a los derechos humanos y que, al contrario, las fomenta?

—Envía un mensaje a los violadores de derechos humanos: pueden seguir haciéndolo.

—Entonces, ¿qué hacer para detener estos abusos, excesos y violaciones en un Estado que no respeta los derechos fundamentales?

—Lo que estamos haciendo. Hay organizaciones como la nuestra que constantemente le suben el volumen a estas violaciones a los derechos humanos y de alguna manera eso frena un poco que sigan ocurriendo; es decir, si bien es cierto que estas prácticas no han cesado, también lo es que de no haber denunciado estos hechos estuviesen ocurriendo muchos más. Además, al exponer estos casos hay temor en muchos perpretadores a ser juzgados en un futuro ante tribunales nacionales o internacionales. Temor hay, aunque también persiste en el gobierno la gran necesidad de mantener control del poder. Nosotros registramos todos estos hechos, dejamos evidencia de una manera más clara y la elevamos al plano internacional.

—El aumento vertiginoso de presos políticos en el país es otro hecho que parece no importarle mucho al gobierno. Cientos de personas que salen a manifestar o que apoyan a los manifestantes, o incluso que solo son sospechosos de respaldarlos, pasan a engrosar la lista de presos políticos.

—Al gobierno sí le importa que haya cada vez más presos políticos porque quisiera que el mundo lo viera como respetuoso de los derechos humanos, que actúa de manera cónsona con los preceptos de la democracia, pero continúa encarcelando gente porque es parte de ese balance costo-beneficio que mencioné antes: la única manera de sacar a la gente de las calles es meterla presa porque ya se dieron cuenta de que no basta con dispersarla, pues vuelve a manifestar. Lo cierto es que ese esquema de intimidación tampoco ha funcionado mucho, pues las personas siguen protestando pese a que cada día aumentan los presos políticos. Sin embargo, esa es la manera en que un gobierno dictatorial se mantiene en el poder: con represión.

—¿Se han reunido con alguna instancia de poder durante esta ola de protestas?

—Recientemente no.

—¿Confía en que prospere la denuncia que introdujeron congresistas colombianos y chilenos contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional?

—No conozco el texto; sin embargo, el gobierno de Venezuela ya ha sido denunciado en esa instancia en varias ocasiones, habría que ver si en esta oportunidad la Corte Penal asume finalmente su responsabilidad, pues lamentablemente esta instancia no ha sido un ejemplo de eficiencia en el caso venezolano, más bien todo lo contrario. Ellos manejan unos criterios de gravedad muy particulares, necesitan que se mate a una población completa, al parecer necesitan mucha sangre para actuar, si comparan Siria con Venezuela para ellos Siria vive una realidad grave, pero ¿cuándo una situación es grave o no lo es? Para mí es un límite subjetivo para no actuar, porque considero que hay motivaciones políticas que influyen.

—¿Y cuál sería una instancia más idónea?

—Esa es la instancia, lo que esperamos es que esta vez sea más eficiente. Pero más que la Corte Penal Internacional yo espero una transición de gobierno en Venezuela para que estas personas sean juzgadas en el país con un sistema de justicia eficiente.

—¿Se imagino alguna vez que dedicaría su vida a defender a sus coterráneos, e incluso a colegas, de las fauces represoras del Estado?

—Evidentemente jamás nos lo esperábamos ni yo ni los demás abogados del Foro Penal que, aún teniendo clientes en la práctica privada, tienen una gran vocación social para atender estos casos. El Foro Penal se formó en 2002, con el paso de los años ha aumentado la ola represiva y con ella los casos que atendemos, hasta hoy día hemos representado más de 10.000 causas.

—¿Qué es lo peor que ha enfrenado el Foro Penal Venezolano?

—Desde el punto de vista cuantitativo, lo que ha ocurrido en estos últimos tres meses por la cantidad detenciones; desde el punto de vista cualitativo ha habido muchas situaciones graves, cada una supera a la anterior.

—¿Y qué es lo mejor que han experimentado?

—Básicamente haber formado el Foro Penal y el crecimiento de la organización, estamos hablando de más de 200 abogados y más de 3.700 defensores o activistas no abogados. Haberlo logrado es lo mejor que pudo pasar, incluso hoy en día me parece insólito haber recorrido el país en busca de las personas idóneas que asimilaran nuestra filosofía. Otra cosa muy buena es que nuestra labor sea reconocida y que tengamos un sistema eficaz de atención y apoyo a los detenidos, eso es algo que me enorgullece enormemente como director ejecutivo. Eso y sentir que somos el ejemplo para entender que los abogados y el sistema de justicia pueden funcionar, que hay personas trabajando en ello de manera honesta.

—¿Por qué defender los derechos humanos en Venezuela se ha convertido en una labor criminalizada?

—Porque el gobierno es represor hasta con los defensores de los derechos humanos. El gobierno acosa e intimida a todo el que se le oponga, y los defensores de derechos humanos son los que registran sus agresiones y se oponen a estas acciones.

—¿Cuál es su mayor temor de esta ola de protestas?

—Que sigan incrementando las detenciones, pues el aparato represor se agudiza cada vez más. Para finales de junio había 1.107 personas aprehendidas de un total de 3.545 arrestadas entre el 1° de abril y el 30 de junio. El temor es que la represión y las violaciones a los derechos humanos aumenten aún más. Uno espera que se encuentre una solución en paz, pero al parecer lo que está ocurriendo es todo lo contrario y eso molesta mucho más a la gente que no abandona las calles.

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