Declive de derechos humanos impulsan a ONG crear Agenda Urgente

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El portal Crisis en Venezuela, que hace un monitoreo de los distintos aspectos que afectan la política, economía y los derechos humanos en Venezuela, entrevistó a Beatriz Borges quien dirige la organización no gubernamental Cepaz. Como parte de su promoción y defensa de los valores democráticos, los derechos humanos y la cultura de paz, Cepaz unió esfuerzos con el Centro de Derechos Humanos de la UCAB y Provea para ampliar el entramado social con el fin de presentar propuestas ante cinco temas impostergables de la crisis en el país

por Ingrid Orjuela                                                                                                                                       @Ingridpilar

En un país donde el respeto por los derechos humanos atraviesa uno de sus peores momentos surge como un imperativo la vigilancia, el registro y la denuncia de cada hecho que represente un menoscabo a la dignidad de las personas por parte del Estado. Lograrlo requiere múltiples centinelas en cada rincón del país, y es por ello tres organizaciones no gubernamentales: Cepaz, CDH-UCAB y Provea unieron esfuerzos para extender el entramado social orientado a la identificación y atención a los derechos humanos en Venezuela.

La Agenda Urgente en Derechos Humanos surgió en agosto de 2016 con la idea de dar soluciones concretas a los temas de derechos humanos más vulnerados actualmente en el país. Bibi Borges, directora del Centro de Justicia y Paz (Cepaz), explica que 100 organizaciones de la sociedad civil han participado en este proyecto, más de 600 personas, aproximadamente, en todo el país han sido parte de las consultas.

Beatriz “Bibi” Borges

—¿Qué motivó a Cepaz, Provea y el Centro de Derechos Humanos de la UCAB a emprender este proyecto conjunto si ya cada uno por separado trabaja en el tema de derechos humanos?

—Una vez elegida la nueva Asamblea Nacional en diciembre de 2015 vimos en ella un espacio de posibilidades para la ciudadanía. Ante eso decidimos unirnos y fomentar esta realidad, pues ya era un hecho la urgencia en materia de derechos humanos que había en el país. Cuando comenzamos no sabíamos qué dimensiones iba a tener, ahora vemos que los resultados han sido muy positivos. La Agenda Urgente de Derechos Humanos es un diagnóstico participativo de los principales problemas de derechos humanos con visión ciudadana.

—¿En qué ha consistido el proyecto, cómo se ha estructurado?

—La primera fase del proyecto fue formar ciudadanía en incidencia pública, fortaleciendo sus capacidades para dirigirse a las instituciones públicas y generar los cambios que se requieren en materia de derechos humanos. Esa etapa fue abordada por el Centro de Derechos Humanos de la UCAB que con sus capacidades técnicas creó los manuales de formación, además que fue a varios estados del país a formar activistas. Culminada esa primera etapa de formación entramos en acción Provea y Cepaz con el espíritu de darles a los ciudadanos participantes del proyecto la primera experiencia de hacer propuestas y generar el proceso de incidencia, y en los que ya conocían esa parte fortalecimos sus conocimientos. Hicimos consultas en todos aquellos que habían sido formados, en las asociaciones o agrupaciones de la sociedad civil activas con los derechos humanos para definir por medio del consenso entre ONG y ciudadanos los cinco temas que requieren atención urgente, y estos resultaron siendo: participación ciudadana y procesos electorales; crisis humanitaria: derechos a la alimentación y la salud; cultura de paz y diálogo ciudadano; libertad de expresión y manifestaciones públicas; y Estado de Derecho, institucionalidad y justicia, que es la base de todos. Luego pasamos a la segunda etapa, que son las mesas de trabajo en las que convocamos a los consultados a fin de adelantar propuestas que permitan aplicar esas herramientas que les hemos dado y llevarlas a cabo en la práctica. Es una etapa de asesoría y acompañamiento a la sociedad civil. Ha sido un proceso muy importante, hemos trabajado con personas y asociaciones que nunca habían ido a la Asamblea Nacional, ni habían hablado con diputados y a través de esta iniciativa han tenido la oportunidad de sentarse con ellos a plantearles los problemas, las posibles soluciones y quedar en contacto directo.

—¿Cómo ha sido la receptividad del proyecto en la sociedad civil?

—Ha habido una gran receptividad a la iniciativa. La mayor dificultad ha sido la situación actual del país, pero encontramos el deseo de la gente por trabajar, aunque es innegable la sensación de frustración cuando ven lejos o con dudas la aplicación del deber ser; sin embargo, ante todo hay esperanza, y la Agenda es urgente, y lo urgente tiene que ver con la recuperación de la democracia, a partir de eso todos quieren participar en la generación de cambios, de ejercer presión. La Agenda se convierte en la posibilidad de que la sociedad civil tenga un espacio de encuentro donde conversar y emprender acciones inmediatas que le permitan hacer transformaciones en el día a día, aunque sean pequeñas.

—¿Qué ha alcanzado la Agenda en un contexto en el que el Estado, a través de sus instituciones, poco o nada toma en cuenta las iniciativas relacionadas con la defensa de los derechos humanos y esos esfuerzos, la mayoría de las veces, son solo simbólicos?

—Sí, en efecto incide la actitud del Estado frente a estas iniciativas, pero creo que las acciones que se emprenden no son simbólicas; siento que estamos trabajando en lo importante y lo urgente en un momento de grandes dificultades y obstáculos, pero con la consciencia de que estas bases que estamos sentando van a servir para avanzar en materia de derechos humanos. Aunque no todas las propuestas puedan ser aplicadas en este momento, el tejido social y las capacidades ciudadanas que se están generando van a ayudar en el presente y en el futuro. Una formación para crear propuestas de leyes y para relacionarse con tomadores de decisiones en un Estado democrático es algo muy valioso. Hoy no nos encontramos en un Estado democrático, por eso las dificultades, pero aún así seguimos haciendo las propuestas.

—¿A quién se las presentan?

—Se las hacemos a los tomadores de decisiones con visión democrática que están dispuestos a trabajar de la mano con la sociedad civil, como es el caso de diputados de la Asamblea Nacional. Hay que tener en cuenta que son propuestas urgentes, que no pueden esperar, y que tienen que ver con la reconquista de la democracia. También nos hemos dirigido a otras instancias, por ejemplo, tuvimos una actividad con el CNE en la que la sociedad civil le solicitó que se abrieran los registros para los nuevos votantes. En ese sentido, las iniciativas se han ido sumando a medida que las reuniones se han dado. También trabajamos en una campaña de acercamiento a las instituciones públicas y de estrategia en la presentación de propuestas para lograr cambios inmediatos.

—¿Qué viene luego?

—Estamos en la segunda fase que son las mesas de trabajo en las que tratamos los cinco temas urgentes, eso finalizará en un congreso a finales de julio con la presentación de la Agenda (tercera etapa), la presentación y balance de experiencias. Los activistas, las organizaciones, las asociaciones son los que presentarán esos logros, nosotros solo somos los que los acompañamos.

La Agenda Urgente en Derechos Humanos es una propuesta al país que habla de esperanza, que habla de una nación que puede ser posible; ahí estará la receta y los primeros pasos para que cualquiera que tome las riendas pueda ponerlo en práctica junto a la ciudadana. Está pensado en el presente y en el futuro.

 

—¿Cuál es el mayor objetivo que se plantearon con la Agenda Urgente?

—Darle a Venezuela una agenda de derechos humanos producto del consenso de la sociedad civil, algo que hasta ahora no existe y que tiene un altísimo valor. Cada vez que una organización o una asociación realiza una acción que intenta cambiar el rumbo de la sociedad y transformarla para mejor es un éxito derivado del trabajo que hemos hecho.

—¿Cómo es la situación actualmente para las personas que hacen este tipo de trabajo?

—Es muy rudo. Hay represalias, persecución. Hace poco en el interior del país a la salida de un evento se llevaron detenidos a unos activistas que trabajan con derechos electorales. El riesgo en el que estamos trabajando es muy alto, pero al mismo tiempo el nivel de compromiso es más alto aún, y por eso esta iniciativa ha rendido tantos frutos, por el compromiso y la necesidad de transformación que surge de la sociedad civil.

—Ante la ruptura del Estado de Derecho en Venezuela, ¿cuál es el mayor riesgo al que está sometida la sociedad civil?

—Estamos en un estado de indefensión y de no garantía de nuestros derechos. Eso es lo primero que tenemos que entender cuando trabajamos bajo la mirada de una no democracia; en ese sentido el reto es mayor, no estamos en un ambiente democrático en el que se respetan los derechos humanos, de allí que las demandas de rescate de la democracia son las que prevalecen en una agenda de derechos humanos. Sin embargo, el gran reto es no perder la esperanza. Creo que esta Agenda ayuda a generar esperanza ciudadana.

 

—¿Por qué tanto acoso del gobierno a las ONG y las OSC?

—Porque esas organizaciones muestran el irrespeto del gobierno a los derechos humanos. En la medida en que la voz de los defensores es más alta se hace más propensa a ser perseguida y callada. Las voces disidentes son silenciadas en dictadura.

—¿Qué opina de la criminalización del trabajo de los defensores por parte del gobierno y las acusaciones de que ustedes trabajan para desestabilizar el país?

—En Cepaz hemos hecho un estudio sobre esas conductas y las hemos identificado como patrones de persecución, no son declaraciones aisladas, son puntuales, pues el gobierno tiene una política sistemática de perseguir y a través de los medios de información pública desacredita la labor de las OCS y las ONG. Ataca la principal herramienta de los defensores, que es la credibilidad. No se puede criminalizar a las organizaciones por recibir apoyo internacional, pues es su derecho para poder trabajar; si recibiéramos apoyo financiero del Estado no tendríamos completa independencia, para los que trabajamos en la defensa de los derechos humanos es imprescindible la independencia para hacer la labor neutral que la ciudadanía nos demanda.

—¿Qué mensaje le envía a la ciudadanía?

—Una invitación a participar, la Agenda Urgente de Derechos Humanos sigue siendo un espacio abierto para quienes quieran hacer aportes, pensar por el país, actuar por el país e involucrase en transformar la sociedad en que vivimos, que está muy enferma, pero que tiene grandes formas de recuperación. A través de la página web las personas también pueden ser parte de este proceso de formación. No es lo mismo decir “Quiero un mejor país” que tener identificado qué es exactamente lo que se quiere y cómo lograrlo, y eso es determinante para que las cosas ocurran, porque se les está dando visión de futuro. Las personas tienen en sus manos el poder de lograr ese cambio.

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