¿Por qué no es posible remover magistrados del TSJ?

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El martes 13 de junio, la Asamblea Nacional inició el proceso para designar a nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia en medio de fuertes presiones políticas surgidas de algunas peticiones de la sociedad civil y de la impugnación del nombramiento de 33 magistrados, interpuesta por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, el 12 de junio. A continuación, veamos con lupa este asunto en un intento por extraer con pinza la verdad jurídica y su posible explicación política


Por: Claudio Sandoval                                                                                                                @claudiopedia

 

¿Cuál es el contexto?

El 23 de diciembre del 2015 la Asamblea Nacional –en aquel entonces bajo el control mayoritario del chavismo–, nombró 33 magistrados mediante un procedimiento “exprés”, considerado inconstitucional, tanto por la oposición y ahora por la fiscal general de la República. En abril pasado, el Poder Legislativo inició un proceso de desincorporación de estos “magistrados”.

¿Por qué la AN tardó más de un año y medio en dar este paso?

Según algunos diputados, la AN no podía ejecutar efectivamente la remoción de los 33 magistrados sin el visto bueno del Poder Ciudadano, pues así lo exige el artículo 265 de la Constitución. Eso explica por qué la Asamblea Nacional apenas logró juramentar el comité de postulaciones para la elección de los nuevos magistrados el 13 de junio y no antes, toda vez que la actuación de la fiscal finalmente completó ese requerimiento normativo estipulado en la Constitución.

Algunas verdades jurídicas

La Fiscalía es uno de los miembros del Poder Ciudadano, de manera que la calificación de falta no recae únicamente en la fiscal. Por otro lado, si utilizamos el mismo razonamiento jurídico de la AN y de Ortega Díaz sobre la inconstitucionalidad de la elección de los “magistrados exprés” debemos concluir que esas designaciones son nulas y, por lo tanto, no tienen ningún efecto jurídico.

En otras palabras, ni la AN puede remover a los 33 “magistrados” ni la fiscal debió introducir recurso alguno, en virtud de que no se puede remover o impugnar aquello que no existe. En consecuencia, la AN ha podido iniciar el proceso de designación de 33 nuevos magistrados en 2016 sin que hubiese sido necesario supeditar ese mandato constitucional al procedimiento de remoción.

Jurídicamente sería impensable acudir a una instancia nula e ilegítima porque, incluso, en el supuesto de que decida a favor, esa decisión no tiene efecto políticamente, las actuaciones de la fiscal y de la AN ante el TSJ estarían orientadas a agotar las instancias judiciales internas y a seguir deslegitimando al órgano judicial.

¿Qué habría motivado la omisión y reciente sobremarcha de la AN?

La Asamblea Nacional cuenta con un equipo de juristas excepcionales. De manera que la adopción del mecanismo contenido en el artículo 265 ejusdem en lugar de la ruta establecida en los artículos 138, 264 y 333 ejusdem habría sido netamente política.

Por su parte, la reacción acelerada del Poder Legislativo sobre este asunto, horas posteriores a la visita de la fiscal al TSJ, permite asumir que no quiere ser opacado por el liderazgo de una funcionaria que está demostrando tener no solo la iniciativa jurídico-institucional de la coyuntura, sino también una estrategia política frente al comportamiento de los poderes Ejecutivo, Judicial y Electoral.

¿Cómo afecta la impugnación de magistrados la solicitud de antejuicio de mérito presentada por la fiscal contra 8 de ellos?

Ya el Tribunal Supremo emitió una pronta respuesta a la solicitud de Luisa Ortega Díaz al declarar que anular a los magistrados sería írrito por considerar que subvierte el orden. Asimismo, la Sala Constitucional desestimó el argumento de que los 33 magistrados fueron designados ilegal e irregularmente en 2015 por la Asamblea Nacional, agregando que su remoción o destitución atentaría contra el Estado de Derecho.

Ahora bien, desde una perspectiva política, es posible deducir que la fiscal, en principio, no cuenta con el respaldo de los magistrados contra quienes interpuso recurso de impugnación ni de los miembros de la Sala Constitucional objeto de la solicitud de antejuicio y tampoco de los jueces de la Sala Electoral. Ello totalizaría al menos 16 jueces. Eso significa que de los 17 magistrados que pueden dar luz verde a la solicitud en la Sala Plena –en un universo de 32 magistrados– la fiscal no alcanzaría el quórum por tan sólo restar 16 magistrados.

Sin embargo, frente a la contundencia de la medida cabe espacio para interpretar que la fiscal actuó porque tiene –o cree que puede conseguir– la mayoría necesaria para proceder penalmente en contra de los implicados. De no ser el caso, las actuaciones de la Fiscalía y de la AN ante el TSJ estarían reducidas al costo político, reorientándose a agotar las instancias judiciales internas y a seguir debilitando el órgano judicial, a través del único mecanismo de acción formal que les queda, es decir, mediante el ejercicio de su investidura como instituciones del Estado.

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